Retos futuros en el Derecho Administrativo

Publicado por PM Abogados el 13 junio, 2019

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Hablar de Derecho Administrativo y sus retos futuros sin duda obliga a reflexiones sobre el equilibrio entre mantener las máximas garantías para los ciudadanos y para el interés público, pero al mismo tiempo simplificar los procedimientos para hacerlos en general más eficientes y más ágiles.En casi todas las materias del derecho administrativo nos encontramos con una acusada tendencia que trata de mantener las garantías pero permitiendo un funcionamiento de la Administración más acorde con la rapidez de los ciclos con que se mueve le economía en estos años y se moverá en el futuro.La intervención de la Administración en todos los sectores de la actividad económica no puede sustituirse de manera masiva y en todos los casos por el fenómeno de la autoregulación, ni pueden dejarse los intereses generales al buen hacer de los mercados privados, pues la tutela de los mismos por la Administración con objetividad forma pieza clave de un moderno Estado Democrático de Derecho. No obstante, lo que no es asumible es que en un mundo que tan velozmente cambia, haya una multitud de procedimientos administrativos, en especial los autorizatorios, que son casi económicamente insostenibles, por el enorme retraso que vienen generando en la puesta en marcha de todo tipo de actividades económicas.Todos hemos sido testigos en Andalucía, al igual que en otras muchas Comunidades Autónomas, del importante retraso que ha generado la integración del instrumento de la evaluación ambiental estratégica en los procedimientos de elaboración y aprobación del planeamiento territorial y urbanístico, pero para evitarlo no se trata de eliminar ese control ambiental preventivo, sino que hay que poner en marcha medidas que permitan su más adecuado funcionamiento:

Ha de ser proporcionado y dimensionado a cada instrumento de planeamiento.
Han de evitarse duplicidades que se dan en los controles de los intereses públicos.
Hay que objetivar las decisiones a adoptar, evitando una excesiva discrecionalidad.
Hay que dotar a los órganos administrativos de personal suficiente y con la cualificación apropiada. El verdadero crecimiento económico no está en dotar únicamente los órganos recaudatorios, sino en dotar también los órganos que tienen encomendadas funciones claves de policía administrativa.

En ese sentido, los principios generales positivizados en la Directiva de Servicios traspuesta a derecho interno por la Ley 17/2009 que ahora cumplirá diez años no se están respetando en muchos campos del derecho público regulatorio. Si recordamos aquellos criterios obtendremos la clave de los que debe ser el futuro en cuanto a requisitos limitadores de las libertades en general y, en especial, de la libertad de empresa:

a) No ser discriminatorios.
b) Estar justificados por una razón imperiosa de interés general.
c) Ser proporcionados a dicha razón imperiosa de interés general.
d) Ser claros e inequívocos.
e) Ser objetivos.
f) Ser hechos públicos con antelación.
g) Ser transparentes y accesibles.

Convertir en realidad estos principios debe ser el reto del Derecho Administrativo en años venideros. En ese sentido, llamaría la atención sobre el derecho positivo local, las ordenanzas locales, y la necesidad de una aplicación real de estos principios en las mismas.

En este camino de agilización de procedimientos es vital el rediseño de los trámites de informes sectoriales y el sentido del silencio cuando no se emiten en plazo. En este punto deberían protocolizarse estos informes para que en cada caso tengan el contenido necesario y proporcionado a los intereses en juego en el procedimiento en que deban evacuarse. Muchas veces los Informes sectoriales entran en cuestiones que no le competen o que no son apropiadas para el procedimiento en el que se emiten, muy especialmente en la tramitación de instrumentos de planificación territorial, física o medioambiental.

En paralelo, dejando la materia de policía administrativa, en materia de fomento, hay que mejorar la dotación de personal y medios para los órganos que ejecutan líneas de subvención o ayudas. No pueden pasar años para tramitar procedimientos tanto de otorgamiento de subvenciones como de su justificación y control a posteriori.

En contratación pública, destacaría que debe haber también una mayor especialización de las unidades administrativas destinadas a esta faceta clave de la actividad administrativa y del mercado.

Y en cuanto al servicio público habrá de continuarse con el proceso de liberalización de gran parte los mercados que afectan a actividades de servicio público.

Por último, no me gustaría dejar de mencionar la necesidad de seguir mejorando y agilizando nuestro proceso contencioso-administrativo con técnicas que están aún por reinventar, en especial el arbitraje intraprocesal. Hay técnicas que se introdujeron hace 20 años, en la Ley 29/1998, y que no han funcionado adecuadamente como el caso testigo, o la extensión de los efectos de las Sentencias de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En definitiva, los años venideros serán un gran reto para las Administraciones Públicas y para los que defendemos las garantías de los ciudadanos frente a ellas.

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