La Administración puede ser responsable de daños por defectos en el mantenimiento de espacios públicos
La responsabilidad patrimonial de la Administración puede ser exigida cuando un ciudadano sufre daños derivados de caídas en la vía pública debido a un mantenimiento inadecuado o defectos en las infraestructuras urbanas. En estos casos, la Administración tiene la obligación de garantizar la seguridad de los espacios públicos, lo que incluye el adecuado mantenimiento de aceras, calzadas y otras áreas por donde transitan los ciudadanos.
El concepto clave que se aplica en estos casos es el de «riesgo objetivo». Esto implica que la Administración debe mantener las vías públicas en condiciones de seguridad, sin ofrecer peligros evidentes que puedan ser evitados por una correcta gestión y mantenimiento. Si una caída se produce debido a deficiencias notorias, como baches, pavimentos deteriorados o falta de señalización adecuada, la Administración puede ser considerada responsable.
Sin embargo, la exigencia de responsabilidad no es automática. Se debe analizar si el daño era previsible, si la Administración cumplió con su deber de vigilancia y si el ciudadano actuó con la debida diligencia en su transitar por la vía pública. En algunos casos, si el peligro era evidente y el ciudadano no lo evitó, la responsabilidad puede ser compartida o incluso rechazada.
Además, la cuantificación de la indemnización dependerá de la gravedad de los daños sufridos por el afectado, y se tendrá en cuenta si existe una relación directa entre el defecto de la vía pública y la caída. Es fundamental que el afectado aporte pruebas que demuestren la responsabilidad de la Administración, como fotografías del lugar del accidente, informes médicos que acrediten la lesión sufrida y, en la medida de lo posible, testimonios que refuercen la reclamación.
Este enfoque busca equilibrar el derecho de los ciudadanos a estar protegidos frente a defectos en los espacios públicos con la obligación de la Administración de gestionar adecuadamente el entorno urbano y, a su vez, la responsabilidad de los ciudadanos de actuar con prudencia en el uso de estos espacios.
