El Tribunal Supremo ha tomado una decisión que afecta directamente a la estrategia de Hacienda para prolongar los plazos de las inspecciones tributarias. La sentencia establece que los tribunales económico-administrativos, que dependen de Hacienda, no pueden retrasar las notificaciones sobre los procedimientos a la propia Administración tributaria. Esta práctica, utilizada anteriormente, permitía a la Administración ganar tiempo y ampliar los plazos de inspección previstos en la Ley General Tributaria. La nueva doctrina del Supremo enfatiza que estos retrasos deliberados vulneran el principio de buena administración y los derechos de los contribuyentes. Esta decisión supone una consolidación de los criterios ya apuntados por el Tribunal en casos similares, buscando limitar los excesos de la Administración en la prórroga de inspecciones.
