El TC estudiará la Ley de interinos para comprobar su vulnerabilidad

Ley Interinos

El TC estudiará si la ley de interinos vulnera el derecho de acceso a las plazas públicas en condiciones de igualdad

 

El Pleno del Tribunal Constitucional estudiará si la ley de interinos aprobada en 2021 es contraria al derecho de acceso a las funciones públicas en condiciones de igualdad, tras admitir a trámite una cuestión de inconstitucionalidad que presentó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha sobre dos disposiciones adicionales de la norma.

 

Según ha informado la corte de garantías, las disposiciones legales regulan un proceso de estabilización de empleo temporal de larga duración en las Administraciones públicas.

 

La norma reserva concursos y no oposiciones para puestos de trabajo en la Administración que hayan estado ocupados de forma temporal durante al menos cinco años. La ley tiene como objetivo la reducción de temporalidad del conjunto de las Administraciones por debajo del 8%.

 

El TSJ planteó la cuestión de inconstitucionalidad al considerar que la medida podría resultar “contraria” al derecho de acceso en condiciones de igualdad, valorándose principalmente la experiencia en el cuerpo como funcionario interino.

 

Para la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ, la regulación no satisface los estándares establecidos por el Constitucional en relación con los procesos selectivos, incluyendo facilidades de acceso a la función pública para los interinos en cuanto a la exigencia a tratar y el deber de acudir al procedimiento de regularización.

 

Analizar si excede competencias

 

Los magistrados de Castilla-La Mancha acudieron al TC al entender que la ley de interinos sería “contraria” al orden constitucional de distribución de competencias, debido a su excedencia en el régimen estatutario de los funcionarios públicos y su vulnerabilidad de autoorganización de las comunidades autónomas.

 

Tal argumento es sostenido por el hecho de que las disposiciones cuestionadas impongan a todas las Administraciones públicas la utilización del sistema de concurso, obligando a realizar los procesos selectivos en un determinado periodo, sustituyendo las comunidades autónomas en la toma de decisiones autoorganizativas.

 

En el Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado admitir a trámite la cuestión planteada contra la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.